El temblor de Cambiemos, en distintos puntos de la provincia, tiene particular relevancia en Victoria ya que se origina en presuntos delitos de evasión y no en diferencias políticas. Risso no paga impuestos; Maiocco niega comunicado oficial sobre el tema; y Graciela Bar, concejal, pide la renuncia del viceintendente que evadiría desde 2010.



La denuncia de falta de pago de tasas municipales de la inmobiliaria del viceintendente Alcides Risso y la aparición de un comunicado presuntamente apócrifo del intendente Domingo Maiocco, ha generado una grave crisis institucional en la administración de la ciudad de Victoria, que se suma a las irregularidades que el gobierno de Cambiemos ha ido acumulando en ocho meses de gestión.

El 26 de agosto pasado, el apoderado del Frente Renovador, Carlos Reggiardo, hizo una denuncia pública contra Risso, alegando que la inmobiliaria que tiene con su hermano Mateo mantendría una importante deuda con el Estado Municipal ante la falta de pago de la denominada “tasa comercial”.

Al día siguiente, se conoció un comunicado, en el que se informaba: “Se informa a los contribuyentes que el presidente del Honorable Concejo Deliberante no posee deudas con el municipio, tampoco la sociedad de hecho que comparte con su hermano con fines inmobiliarios”.

Esta fue la piedra del escándalo, ya que Maiocco no habría firmado el comunicado. Según informan medios locales, durante la sesión del Concejo Deliberante (que preside Risso), un sala anexa al recinto fue escenario de una acalorada discusión entre los socios de la fórmula electoral (Maiocco es radical y Risso, del PRO), donde el mandatario municipal le endilgó, según publicó la emisora LT39: “Yo no voy a avalar algo que no escribí y tampoco firmé”.

Tras el incidente, Maiocco abandonó la ciudad rumbo a Buenos Aires. Risso, en la sesión del miércoles, no hizo mención ni a la denuncia, ni al altercado ni a su situación tributaria.

Piden la renuncia

La ex presidenta del CGE y actual concejal de la oposición en Victoria, Graciela Bar, reclamó que se aclare “en forma urgente la supuesta falsificación de un comunicado por parte del vice intendente”.

En la sesión del miércoles a la noche en el Concejo Deliberante y en medio de un cuarto intermedio, el propio Maiocco subió al primer piso para informarle al bloque de Cambiemos que él nunca habría firmado ese comunicado.

Ante esta información Bar y el resto de los concejales del bloque opositor manifestaron su malestar porque el vice y presidente del Concejo “debería haber dejado la presidencia, bajar desde una banca y aclarar semejante acusación”, declaró Bar.

“Luego del cuarto intermedio se observó un clima tenso, pero no sabíamos de qué se trataba, pero cuando nos enteramos, creemos que al menos debería haber aclarado Risso esa acusación”, relató.

Bar cuestionó también la actitud bloque oficialista al que acusó de "estar encubriendo". “Tanto se habla de transparencia y ahora esto” recalcó.
"Si esto se comprueba es muy serio y estamos ante un grave problema institucional" dijo Bar. “Me parece que la confianza se ha perdido por lo que el vice intendente debería dejar el cargo”, opinó en declaraciones que publica Diario Victoria.

Desde 2010

Las deudas del actual viceintendente con el Municipio se estarían acumulando desde el año 2010, cuando comenzó a funcionar la Inmobiliara Risso, una sociedad de hecho entre los hermanos Alcides y Mateo Rizzo. La firma, ubicada en calle España 214 de la ciudad de las siete colinas, está inscripta como prestadora de servicios inmobiliarios desde enero de 2012 en la AFIP y la ATER.

Detrás de esta historia estuvo la disputa judicial entre el Gobierno municipal y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos por el cobro de la tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad (conocida como “tasa comercial”) a quienes llevan adelante el negocio inmobiliario. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria había fallado a favor de los corredores inmobiliarios, quienes pretendían no pagar el tributo, pero el 23 de diciembre de 2013 la Cámara Segunda, Sala III de Paraná revocó la sentencia y falló a favor del Municipio.

El caso llegó a la Sala de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia, la que con los votos de Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia (Claudia Mizawak se abstuvo de votar dado que se había alcanzado mayoría) confirmó la sentencia de la Cámara, habilitando el cobro de la tasa comercial a los corredores inmobiliarios. La sentencia se produjo el 25 marzo de 2015, por lo que a partir de ese momento el Municipio está habilitado para el cobro del tributo.