La senadora de Feliciano junto a representantes de la Cámara Alta, de los tres bloques legislativos estuvieron en la provincia de Córdoba participando de una jornada de trabajo organizada junto al Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, para informarse sobre el trabajo que se realiza en aquella provincia para combatir el narcotráfico. Se trata de una de las jurisdicciones que adhirió a la normativa nacional y generó espacios institucionales para enfrentar la venta de droga en baja escala, el narcomenudeo.
En el senado entrerriano, en el marco de la Comisión de Seguridad, se impulsó un fuerte debate sobre el tema, buscando generar una herramienta que responda a los reclamos sociales y permita actuar sobre un fenómeno que genera problemas a la juventud entrerriana.
El debate reciente cobró impulso después de la presencia y declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Ante sus dichos el presidente del bloque oficialista del Senado, Ángel Giano, consideró que era necesario aclarar debidamente de qué manera encararía el tema la administración nacional y en ese marco qué papel y responsabilidad le toca a la provincia.
Entre Ríos, en el año 2007, aprobó la ley 9783, por la que se adhirió a la ley nacional 26052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional de entonces.
Entre Ríos, en el año 2007, aprobó la ley 9783, por la que se adhirió a la ley nacional 26052, acompañando así las medidas impulsadas por el gobierno nacional de entonces.
Fue promulgada a través del decreto 4387 de ese mismo año, pero se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad quedaba “suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma, y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.
Inmediatamente se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.
Esta norma modificó la ley 9783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737
Posteriormente, ya en el año 2014, intentando retomar el camino de adhesión y la puesta en operatividad de los alcances de la normativa nacional, se sancionó la ley provincial 10329, que tuvo un fuerte consenso de ambas Cámaras.
Esta norma modificó la ley 9783 y adhirió parcialmente a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley Nacional 23.737Agregó además que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos que debe afrontar la Nación, el Poder Ejecutivo Provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.
La legislatura la sancionó en octubre de 2014. Fue publicada en el Boletín oficial a principios de noviembre de ese año y presentada como un avance por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y la Justicia de la provincia.
Pero tuvo, la 10329, solo algunos días de vigencia, durante los que se desarrollaron muchos procedimientos, ya que los jueces federales de Paraná, Leandro Ríos y de Uruguay, Pablo Seró, declararon la inconstitucionalidad de la norma.
La actividad en la provincia de Córdoba
Estuvieron en Córdoba los senadores de Tala, Diamante, Concordia, San Salvador, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Feliciano, Victoria, Nogoyá, Federal, Islas, Federación y Villaguay. Encabeza la delegación el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Mauro Urribarri
Se reúnen con Juan Carlos Massei, ministro de Gobierno de Córdoba; con el doctor Alejandro Moyano, Fiscal General de la provincia de Córdoba; con Francisco Salcedo, jefe de la fuerza policial Anti narcotráfico de Córdoba y con Diego Hak, secretario de Seguridad de Córdoba.
También estuvieron los responsables de la Fuerza Policial Antinarcóticos de Córdoba, que depende del Ministerio Público Fiscal, la primera en su tipo que cuenta con más de 200 efectivos y no dependen de la fuerza policial.
En el intercambio participan Marcelo Sicardi, Sebastián Romero y Carlos Cornejo, quienes se desempeñan como Fiscales de Lucha contra el narcotráfico, como así también algunos secretarios de esas fiscalías.
Estuvimos en la provincia de Córdoba donde fuimos recibidos por su ministro de gobierno, fiscales y el jefe de la Fuerza Policial Antinarcóticos, para interiorizarnos sobre su legislación y sobre los mecanismos específicos que se utilizan en la lucha contra el tráfico de drogas en pequeña escala.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, es un cuerpo de profesionales especializados, que dependen de la Fiscalía General y colabora con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en el combate contra el narcomenudeo. Está integrada por investigadores y personal táctico operativo, altamente capacitado y equipado, para prevenir en diferentes situaciones.
El gobernador Gustavo Bordet ha tomado la decisión de enviar a nuestra legislatura un proyecto de ley para adherir a la ley nacional de estupefacientes y es nuestro deber analizar las distintas experiencias que se han puesto en práctica en nuestro país para poder sancionar una legislación correcta.
Por el gobierno de Entre Ríos junto al ministro de Gobierno y Justicia participamos el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el secretario de Seguridad de la provincia, Roberto Massuh; el secretario de Gobierno de la provincia, Germán Grané; el director de Toxicología de la Policía, Lucio Villalba; el director de Política Criminal, Gonzalo García Garro y senadores de Tala, Diamante, Concordia, San Salvador, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Feliciano, Victoria, Nogoyá, Federal, Islas, Federación y Villaguay.
Por parte de la provincia de Córdoba, participaron junto al Secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; el fiscal General, Alejandro Moyano; el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Francisco Salcedo; el subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Rubén Farías; el director General de Operaciones FPA, Hector Brunotto; el director General de Investigaciones Criminales FPA, Diego Ramacciotti; los fiscales de Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Sicardi, Sebastián Romero y Carlos Cornejo y los secretarios de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Maldonado, Alejandra López y Juan Pablo Vaschetti.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, es un cuerpo de profesionales especializados, que dependen de la Fiscalía General y colabora con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en el combate contra el narcomenudeo. Está integrada por investigadores y personal táctico operativo, altamente capacitado y equipado, para prevenir en diferentes situaciones.
El gobernador Gustavo Bordet ha tomado la decisión de enviar a nuestra legislatura un proyecto de ley para adherir a la ley nacional de estupefacientes y es nuestro deber analizar las distintas experiencias que se han puesto en práctica en nuestro país para poder sancionar una legislación correcta.
Por el gobierno de Entre Ríos junto al ministro de Gobierno y Justicia participamos el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; el secretario de Seguridad de la provincia, Roberto Massuh; el secretario de Gobierno de la provincia, Germán Grané; el director de Toxicología de la Policía, Lucio Villalba; el director de Política Criminal, Gonzalo García Garro y senadores de Tala, Diamante, Concordia, San Salvador, Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Feliciano, Victoria, Nogoyá, Federal, Islas, Federación y Villaguay.
Por parte de la provincia de Córdoba, participaron junto al Secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba; el fiscal General, Alejandro Moyano; el jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Francisco Salcedo; el subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, Rubén Farías; el director General de Operaciones FPA, Hector Brunotto; el director General de Investigaciones Criminales FPA, Diego Ramacciotti; los fiscales de Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Sicardi, Sebastián Romero y Carlos Cornejo y los secretarios de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Maldonado, Alejandra López y Juan Pablo Vaschetti.
